Así lo dijo el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien asegura que ha terminado el tiempo de los factureros y fiscalistas de papel como lo menciona él.

A partir de este año se han propuesto varias reformas, entre ellas la relativa al 113 bis de Código Fiscal de la Federación que establece lo siguiente:

Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión, al que expida o enajene

comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Ahora bien, el gobierno ha catalogado a los sujetos participan en estas operaciones de la siguiente manera:

EFOS: Empresas que facturan operaciones simuladas.

EDOS: Empresas que deducen operaciones simuladas y;

ECOS: Empresas que comercializan operaciones simuladas.

El gobierno tiene una idea clara. Sabe bien cómo funciona pero no estaba yendo por las personas correctas. Y es que pareciera que a quien debería pegarle es a los contribuyentes que obtienen los beneficios fiscales, sin embargo el Procurador Fiscal ha asegurado que a quienes tienen en la mira ahora, son a las cabezas o direcciones de Firmas o Despachos Fiscales.

Lo anterior por el simple hecho de que a éstos son quienes organizan, planean y ponen en marcha este tipo de estructuras que algunas inclusive se les denominan "híbridas" y de mucho más complicada detección, ya que son empresas reales que podrían estar emitiendo comprobantes mediante los cuales estén amparadas operaciones que no existieron.

Lo anterior se escucha interesante sin embargo, la cosa no termina ahí: el nuevo artículo 69-b ter, establecerá la posibilidad de que las autoridades fiscales puedan substanciar sus procedimientos y motivar sus resoluciones tomando en consideración la información aportada por un "tercero colaborador fiscal", el cual podría hacer las veces de un "escucha" o "espía" el cual tendrá una recompensa económica de lo logrado en caso de que su información resulte útil.

Se viene una época interesante, y los despachos fiscales tendrán que valerse de mejores herramientas y prestar un servicio de calidad sin que implique la simulación de operaciones, de lo contrario corren el riesgo inclusive de perder su libertad.

La defraudación fiscal está contemplada en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece lo siguiente:

Cabe mencionar que resulta relevante el hecho de que se pretenda llevar el delito de defraudación fiscal, de la mano por supuesto de lo tipificado en el 400 bis, a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que aparece en el primer supuesto de procedencia este artículo primero; y como en materia penal/fiscal no es necesario agotar facultades de comprobación para que la Secretaría de Hacienda se querelle en contra de un contribuyente, pareciera que bastará con que existan indicios para que el estado a base de presunciones pueda expropiar por defraudación fiscal. De lo anterior valdría la pena hacernos dos preguntas: 

1. ¿Y el PAE para qué serviría?

2. ¿Si gano posteriormente el juicio administrativo, qué sucedería con mis bienes?

Habrá que ver cuál será el desenlace de lo mencionado.